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Desde hace semanas, Bolivia atraviesa una compleja crisis política marcada por bloqueos de carreteras, huelgas de hambre y la tensión entre el gobierno del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. La situación ha dividido al país y puesto de relieve la profunda polarización en torno a la figura de Morales, quien, tras años de liderazgo, busca nuevamente ser candidato en las elecciones de 2025, a pesar de enfrentar una inhabilitación que lo impide.
A continuación, se ofrece un análisis exhaustivo de la crisis en Bolivia, abarcando desde los detalles de la huelga de hambre y los bloqueos liderados por cocaleros hasta las respuestas del gobierno y el trasfondo judicial que enfrenta el expresidente.
La huelga de hambre de Evo Morales y la negativa al diálogo:
El expresidente Evo Morales ha iniciado una huelga de hambre que ya cumple varios días, en demanda de una negociación política con el gobierno de Arce. Sin embargo, desde el Palacio Quemado, el actual mandatario boliviano ha sido tajante: no habrá diálogo mientras continúen los bloqueos que mantienen incomunicadas a ciudades importantes como Cochabamba y Santa Cruz, que juntas albergan casi un tercio de la población boliviana.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, expresó que la principal motivación de Morales y sus seguidores no es, como afirman, solucionar la crisis política y económica de Bolivia, sino anular la inhabilitación electoral que pesa sobre él y le impide postularse en 2025. Desde la perspectiva del gobierno, una eventual candidatura de Morales no solo es ilegal, sino también inconstitucional. Ante este contexto, el Ejecutivo sostiene que no tiene atribuciones para modificar la situación de Morales.
Tensión en las calles y presión sobre las fuerzas de seguridad:
Además de la huelga de hambre, los seguidores de Morales, muchos de ellos cocaleros de la región de Chapare, han impuesto bloqueos en la principal carretera del país durante más de tres semanas. Esta vía es estratégica para la economía boliviana, pues conecta los centros comerciales de Bolivia con las regiones occidentales y centrales. El conflicto alcanzó uno de sus puntos más álgidos cuando los manifestantes utilizaron dinamita y otros objetos para enfrentarse a las fuerzas del orden, lo que resultó en arrestos y un incremento en la tensión social.
Las fuerzas policiales respondieron con la realización de operativos que han llevado a la detención de unos 80 campesinos, muchos de los cuales han sido acusados de “terrorismo y alzamiento armado”. Las protestas en Mairana, una de las localidades afectadas por el conflicto, dieron paso a enfrentamientos entre los manifestantes y 700 miembros de la policía y el ejército boliviano. Este operativo resultó en 13 nuevos detenidos, marcando un hito en la represión de las movilizaciones.
En un mensaje compartido en redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, celebró la “liberación” de Mairana y ratificó el compromiso del Ejecutivo para continuar desbloqueando el país y manteniendo el orden público. Sin embargo, la situación ha puesto en evidencia la creciente tensión entre las autoridades y los seguidores de Morales, quienes se sienten desamparados y denunciaron que sus derechos legales han sido vulnerados al no permitírseles contar con el apoyo de sus abogados.
La radicalización de los seguidores de Morales:
Si bien Morales ha instado en reiteradas ocasiones a sus seguidores a suspender temporalmente los bloqueos, la movilización no ha disminuido de manera significativa, y los llamados del expresidente no han sido completamente atendidos. Los cocaleros se mantienen firmes en su postura, lo cual ha agravado la situación en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, donde las actividades comerciales y sociales se han visto gravemente afectadas.
El gobierno, por su parte, interpreta esta postura de Morales como un intento estratégico para evadir las repercusiones legales y políticas de las protestas. En las últimas semanas, varios líderes gubernamentales han denunciado que el movimiento pro-Morales busca socavar la estabilidad del país y eludir los procesos judiciales en su contra, uno de los cuales involucra una grave acusación de abuso de menores.
Acusaciones judiciales y lawfare contra Evo Morales:
El conflicto político que rodea a Morales no se limita únicamente a su inhabilitación como candidato presidencial. Morales también enfrenta una denuncia de abuso de menores en su país, basada en alegaciones de que habría tenido una hija con una adolescente de 15 años en 2016, cuando él tenía 56 años. A raíz de esta acusación, muchos han interpretado la movilización de sus seguidores y sus intentos por retomar el poder como una estrategia para eludir la persecución judicial.
Morales ha negado estas acusaciones y ha afirmado que son parte de una campaña de “lawfare” o judicialización de la política, similar a las estrategias que se emplearon contra él en Argentina, donde vivió exiliado en 2020. Desde su perspectiva, estas acusaciones buscan desprestigiarlo y frenar su liderazgo político en Bolivia.
Presión sobre las fuerzas militares y cuarteles asediados:
En medio de la crisis, la presión sobre las fuerzas de seguridad se ha hecho cada vez más intensa. Según el ministro Del Castillo, un cuartel militar en Chapare permanece “secuestrado” por manifestantes, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Estos eventos, en los que los manifestantes impiden la entrada de provisiones e intentan apropiarse de las armas de los soldados, han sido condenados por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien ha anunciado la implementación de medidas para llevar a los responsables ante la justicia.
A nivel internacional, este asedio a los cuarteles ha captado la atención de organizaciones de derechos humanos, que han solicitado a Bolivia una investigación completa y respetuosa de los derechos de los involucrados en el conflicto.
Cocaleros y el papel de Chapare en la crisis:
El conflicto también ha revelado la centralidad de la región de Chapare en la vida política de Morales y en la resistencia popular. Chapare es una región cocalera en la que Morales ha cultivado una base de apoyo leal a lo largo de los años. Sus seguidores en esta región, quienes ven a Morales como un líder indiscutible de la comunidad cocalera, se han movilizado para defender sus derechos y apoyar las aspiraciones políticas del expresidente.
No obstante, los efectos económicos de los bloqueos y las huelgas de hambre han comenzado a afectar también a estas comunidades, lo que ha provocado un cierto desgaste en la moral de los manifestantes. Los expertos coinciden en que la crisis en Chapare es una señal del agotamiento de los métodos de protesta tradicionales en Bolivia y del cansancio de los cocaleros, quienes perciben que los intereses políticos de Morales pueden poner en riesgo su estabilidad y bienestar.
Reacciones en la opinión pública y en la comunidad internacional:
La crisis política en Bolivia ha suscitado respuestas divididas en la opinión pública. Algunos sectores de la sociedad apoyan las demandas de Morales y ven en sus acciones una legítima defensa contra lo que consideran una persecución política. Sin embargo, muchos ciudadanos bolivianos critican la radicalización de los seguidores del expresidente y temen que las protestas y los bloqueos empeoren la crisis económica del país, que ya es delicada debido a la inflación y el desempleo.
Desde el exterior, diversos gobiernos y organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la situación en Bolivia, instando a ambas partes a encontrar una solución pacífica y a respetar los principios democráticos. Hasta el momento, las respuestas del gobierno boliviano han sido contundentes, reafirmando su rechazo a la posibilidad de diálogo con Morales mientras persistan los bloqueos y las acciones violentas por parte de sus seguidores.
Un conflicto de profundas raíces políticas y sociales:
La actual crisis en Bolivia pone de manifiesto la complejidad de un país dividido entre el legado de Morales y la administración de Arce. Aunque el conflicto parece haberse agudizado en los últimos días, la situación no es nueva y refleja los profundos conflictos que han marcado la historia reciente del país. El gobierno de Arce enfrenta un dilema: garantizar la estabilidad y el orden en el país mientras enfrenta las presiones de Morales y sus seguidores, quienes, desde el Chapare y otros puntos de Bolivia, continúan demandando un cambio en la situación política y legal del expresidente.
La pregunta que queda en el aire es si la huelga de hambre de Morales y la persistencia de los bloqueos cocaleros lograrán influir en las decisiones del gobierno, o si la postura firme de Arce continuará prevaleciendo en este pulso de poder. Mientras tanto, la población boliviana se enfrenta a un momento de incertidumbre, a la espera de que se alcance una solución que permita al país avanzar hacia un futuro más estable y menos polarizado.
