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La Odisea de Esmeralda es un reflejo de la violencia institucional y el machismo en México.
El caso de Esmeralda, una adolescente mexicana de 14 años perseguida por la justicia después de sufrir una violación y un aborto espontáneo, ha causado indignación y polémica a nivel nacional. Este caso ha expuesto la falta de protección estatal hacia las víctimas de abuso, especialmente en contextos de pobreza e indígena, y cómo el sistema judicial mexicano, permeado por prejuicios y valores conservadores, perpetúa la violencia institucional hacia las mujeres.
En un país donde el aborto sigue siendo criminalizado en numerosos estados y el machismo aún define gran parte de las estructuras sociales y gubernamentales, la historia de Esmeralda ha puesto de relieve problemas que afectan a miles de mujeres mexicanas.
Violencia institucional hacia las víctimas: el inicio del caso:
Todo comenzó cuando Esmeralda, una joven de Huimilpan, Querétaro, fue violada por un familiar tres años mayor que ella. Sin conocimiento de estar embarazada, la adolescente sufrió un aborto espontáneo meses después y acudió a un hospital en busca de ayuda médica. Sin embargo, lejos de recibir el apoyo necesario, fue denunciada por el personal de salud ante la Fiscalía, que la acusó de homicidio doloso y solicitó tres años de prisión, además de una compensación económica de 500.000 pesos para su presunto agresor, el equivalente a casi 25.000 dólares. Esta acusación ha sido considerada por colectivos y activistas como una revictimización brutal, dado que Esmeralda no solo fue agredida sexualmente, sino que luego fue criminalizada por un aborto involuntario.
Reacción social y mediática:
La difusión del caso generó una ola de indignación pública, que atrajo la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, quienes intervinieron para mediar con las autoridades locales y evitar que el asunto llegara a juicio. “El caso de Esmeralda refleja todas las violencias que atraviesan a las mujeres en México”, expresó Hernández, destacando el machismo institucional y los prejuicios que mantienen a las víctimas como culpables a los ojos del sistema judicial.
El caso también sacó a la luz la situación de las adolescentes en comunidades rurales e indígenas, quienes, en muchos casos, no cuentan con acceso a educación sexual, y que enfrentan barreras sociales y económicas que las exponen a mayores riesgos. En México, un país con el mayor índice de embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 340.000 nacimientos anuales en menores de 19 años, la falta de educación y apoyo adecuado deja a niñas y adolescentes vulnerables a situaciones de abuso y a las consecuencias de embarazos no deseados.
Desistimiento de la Fiscalía y presiones mediáticas:
Tras una serie de reuniones y negociaciones entre el Gobierno federal y las autoridades locales, la Fiscalía de Querétaro desistió de los cargos contra Esmeralda, retirando la acusación de homicidio doloso. Sin embargo, durante un año entero, la joven permaneció en un estado de detención domiciliaria, marcada por el estigma y el señalamiento público, además de enfrentar un linchamiento en redes sociales y medios de comunicación. Su abogada, Mayra Dávila, ha denunciado la falta de perspectiva de género en el manejo del caso y la revictimización constante a la que fue sometida Esmeralda. “Las autoridades la revictimizaron y le demostraron que las víctimas en México empiezan a ser juzgadas desde que son atendidas en el Ministerio Público”, afirmó Dávila, denunciando cómo el sistema judicial mexicano tiende a culpar a las víctimas, especialmente cuando se trata de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Contexto social y la presión de colectivos feministas:
El caso de Esmeralda no es el primero en el que el sistema judicial de Querétaro actúa de manera punitiva hacia mujeres que han sufrido violencia o situaciones de vulnerabilidad. En 2017, el Estado condenó a Dafne McPherson, de 26 años, a 16 años de prisión tras un parto fortuito en el que falleció su hija. McPherson pasó dos años en prisión preventiva hasta que fue liberada en 2019, luego de una intensa batalla judicial. Estos casos, junto a otros similares, evidencian la urgencia de implementar una perspectiva de género en la justicia mexicana y de atender las causas con empatía y sin prejuzgar a las víctimas.
Diversas organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos llevan décadas denunciando la violencia institucional y social que enfrentan las mujeres en México. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solo una de cada 10 mujeres denuncia agresiones, ya que muchas temen ser juzgadas o revictimizadas por las propias autoridades. La directora de esta organización, María de la Luz Estrada, ha insistido en que es imprescindible que los procesos judiciales en México sean investigados con perspectiva de género para evitar injusticias como la vivida por Esmeralda.
El impacto del caso en la legislación y el futuro de Esmeralda:
A raíz de la presión mediática, ciudadana y política generada por el caso de Esmeralda, la Fiscalía de Querétaro se vio obligada a retirar los cargos, un desenlace que, aunque favorable para la adolescente, no elimina las secuelas del proceso judicial en su vida ni en su entorno. A día de hoy, organizaciones feministas y la propia secretaria de las Mujeres han hecho un llamamiento a los legisladores para despenalizar el aborto en Querétaro y en otros estados de México, argumentando que la criminalización solo exacerba la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza o en comunidades rurales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2021 que ninguna mujer puede ser criminalizada en México por abortar; sin embargo, casi la mitad de los estados del país aún mantienen el delito de aborto en sus códigos penales. En este sentido, el caso de Esmeralda ha impulsado el debate sobre la despenalización y la necesidad de implementar políticas de protección integral para mujeres y niñas que enfrentan situaciones de abuso y vulnerabilidad.
Triple discriminación y consecuencias a largo plazo:
El caso de Esmeralda también pone en evidencia un problema estructural en México: la triple discriminación hacia las mujeres indígenas, pobres y jóvenes. En México, más de 46 millones de personas viven en situación de pobreza, y más de la mitad de ellas son mujeres. Esto significa que, además de enfrentar las consecuencias de la violencia de género, muchas mujeres carecen de acceso a educación, salud y oportunidades laborales, lo cual limita sus posibilidades de desarrollo y las relega a una situación de dependencia económica. En este contexto, las adolescentes que quedan embarazadas o son madres a temprana edad suelen abandonar la escuela, lo que a largo plazo afecta sus oportunidades de acceder al mercado laboral y tener una vida autónoma.
Unicef ha reportado que más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes en México no asisten a la escuela y alrededor de 600.000 están en riesgo inminente de abandono escolar. En particular, las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que en muchos casos son obligadas a casarse o convertirse en madres a una edad temprana, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión.
Una historia de dolor, sufrimiento, resistencia y esperanza:
El caso de Esmeralda ha dejado al descubierto las profundas desigualdades y prejuicios que aún persisten en la sociedad mexicana. Mientras los colectivos de derechos humanos y las organizaciones feministas continúan su lucha por un sistema de justicia con perspectiva de género y una sociedad más inclusiva, miles de mujeres en México siguen enfrentándose a un sistema que, en lugar de protegerlas, las juzga y las revictimiza. La historia de Esmeralda es solo una muestra de la realidad que viven muchas mujeres en México, y aunque la presión mediática y política permitió que su caso fuera cerrado, el país aún tiene un largo camino por recorrer para garantizar justicia y protección a todas las mujeres y niñas.
